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Pronunciamientos

El MPJD (siete años después)

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Comienzo con una paráfrasis del gran poema de Jaime Sabines Algo sobre la muerte del mayor Sabines. “No podrán morir./ Debajo de la tierra/ no podrán morir./ Sin agua y sin aire/ no podrán morir./ Sin azúcar, sin leche,/sin frijoles, sin carne,/ sin harina, sin higos,/no podrán morir./ Sin mujer, sin hombre y sin hijos/ no podrán morir./ Debajo de la vida/ no podrán morir./ En sus tanques de tierra/ no podrán morir./ En sus cajas de muerto/ no podrán morir./ en sus venas sin sangre/ no podrán morir./ En sus pechos vacíos/ no podrán morir./ En sus bocas sin fuego/ no podrán morir./ En sus ojos sin nadie/ no podrán morir./ En sus carnes sin llanto/ no podrán morir./ No podrán morir./ No podrán morir/. No podrán morir.

Por todos los asesinados y los desaparecidos que nunca podrán morir mientras la reserva moral del país esté de pie, pido un minuto de silencio.

El próximo miércoles 28 de marzo de 2018, en medio de la Semana Santa que rememora el asesinato de la inocencia por un aparato de Estado, se conmemora también el séptimo aniversario de la masacre de siete inocentes que dio nacimiento al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), un movimiento fundamental  frente a la tragedia humanitaria que desde hace doce años vive el país.

El MPJD dio voz a las víctimas de la guerra desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico, enfrentó al Estado y al crimen organizado, dialogó con toda la nación y propuso una ruta de seis puntos para encontrar la paz, la justicia y la dignidad.

Por desgracia, a siete años de su nacimiento, y pese a la Ley de Víctimas y a la Ley de Desaparición, muy poco se ha logrado. El gobierno de Enrique Peña Nieto, al igual que el de Felipe Calderón y las partidocracias, han traicionado a las víctimas y, con ellas, a la nación entera. La administración de Calderón cerró con 70 mil asesinados, 30 mil  desaparecidos, cerca de un cuarto de millón de desplazados y 95% de impunidad. La de Peña Nieto cierra con esas mismas cifras –la deuda es de Estado, no de gobierno—más las que generó su administración: 150 mil asesinados, una cifra de desaparecidos, que por desgracia no ha sido contabilizada y que supera la de los 30 mil, más de un millón de desplazados, una infinidad de fosas clandestinas a lo largo y ancho del país, el caso Ayotzinapa, el 95% de impunidad y un intento de legalizar, con la Ley de Seguridad Interior, el estado de excepción que inició cuando en 2006 Calderón sacó al ejército a las calles.

Esa espantosa tragedia, que no se detiene, que supera las de las dictaduras militares en América Latina y que es responsabilidad tanto del poder federal como de las partidocracias que gobiernan las regiones, sufre hoy un crimen mayor: su negación y su olvido.

Sólo Andrés Manuel López Obrador ha tenido no sólo la memoria y la grandeza moral de recordar y saludar en su séptimo aniversario al MPJD “porque ha dado la cara por las miles de víctimas que han caído desde hace dos sexenios en este país”, sino también la claridad para señalar la deuda que la nación tiene con ellas y el exhorto para que caminemos juntos y con la reserva moral del país en la construcción de la paz, la justicia y la reconciliación. Desde este memorial fundacional, el MPJD lo abraza con el corazón, esperando dé pronto una palabra contra la Ley de Seguridad Interior y abra la agenda para que dialoguemos y caminemos en esa ruta.

Fuera de Andrés Manuel y, por lo tanto, de Morena, ningún partido ni ningún candidato hablan de las víctimas. Las víctimas parecen no existir ni en su pensamiento ni en sus discursos ni en sus programas de gobierno; tampoco las fosas. Ni José Antonio Meade ni Ricardo Anaya ni ningún independiente ni candidato a gobernador, a presidente municipal, a representante en las Cámaras, las toman en cuenta. Su incomodidad abruma o quizá forma parte del proyecto criminal con el que el Estado mexicano, arrodillado ante el dinero, no ha dejado de operar. Incluso algunos que fueron fundamentales en el MPJD y en la lucha por los derechos humanos, decidieron, como Esaú, cambiar su primogenitura, su interlocución y su capacidad de denuncia, por un plato de lentejas electoral y guardar silencio ante los asesinatos y desapariciones en los que las partidocracias, mimetizadas en frentes y coaliciones, están implicadas.

Partidos, candidatos y Estado, redujeron el drama nacional a los actos de corrupción en los que por comisión u omisión todos están implicados. Olvidan que detrás de ellos, que cínicamente se arrojan unos a otros a la cara, están los muertos, los desaparecidos, las familias rotas, la angustia y la miseria de los desplazados, el dolor sin límite y la indefensión ciudadana. Se obstinan, en un alarde de ceguera, en no ver que debajo de su lucha por el poder, la nación es una cloaca hecha de casas de seguridad, de redes de trata, de fosas fabricadas tanto por el crimen organizado como por las fiscalías –Tetelcingo lo reveló–, de extorsión e impunidad. Decidieron borrar la tragedia, creyendo que si no se nombra ni se enfrenta, dejó de existir. Pero el horror, cuando no se encara, crece y un día, es la lección de la historia, los alcanzará para hacerlos comparecer ante el banquillo de los acusados.

Desde su nacimiento, el MPJD no ha dejado de señalarlo y de exigir justica y paz. Hoy, en su séptimo aniversario, vuelve, como entonces lo hizo con los poderes de la nación y los candidatos de entonces a la Presidencia de la República, a reiterar la deuda que el Estado y las partidocracias tienen con el sufrimiento y a decirles que continúan siendo responsables del horror, que su deuda con las víctimas es cada vez mayor, que con su silencio frente a ellas confirman su filiación con el crimen, y que las urnas a las que están llamando a la nación están llenas de sangre, de dolor y de muerte. Frente a ello el MPJD vuelve a increparlos: ¿Qué tienen que decirle a las víctimas? ¿Cuál es su propuesta de justicia y de paz para ellas y el país? ¿Cómo harán si ganan para hacerlas posibles y no convertirse en los próximos administradores del infierno? ¿Cuál es su posición ante las drogas y sus propuestas para dejarlas de ver como un problema de seguridad nacional y enfrentarlo como un asunto de salud pública? ¿Cómo, por lo tanto, van a generar una política que deje de subordinar al país a la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se quiere legalizar con la Ley de Seguridad Interior? ¿Cuál va a ser su política frente a los desaparecidos y las fosas del país?

Mientras no respondan con palabras y actos, nuestro voto no cabrá en sus urnas llenas de sangre y nuestra presencia no los dejará dormir en el infierno que han creado.

 

 

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